La diputada del Grupo Popular-Extremadura Unida, Cristina Herrera, ha precisado que casi 5.500 personas están en lista de espera para recibir la prestación de ayuda a domicilio, es decir, cuatro de cada diez mayores de Extremadura se quedan fuera de la asistencia domiciliaria.

Asimismo, ha criticado al Gobierno autonómico en su mala gestión en el ámbito social, ya que a su juicio, se refleja en la escasa intensidad horaria, la no subida de las ayudas, y la falta de infraestructuras, así como, la insignificante cantidad de 384,4 euros por extremeño en gasto social.

Por ello, Herrera ha solicitado el aumento de los servicios sociales, de las prestaciones complementarias y de los programas de apoyo familiar y cuidados de dichas personas, y ha exigido actuaciones para acabar con la larga lista de espera en materia de ayuda a domicilio.

Por su parte, la diputada socialista, Consolación Serrano,  ha reconocido que la ayuda a domicilio es uno de los servicios más demandados por las corporaciones locales, que se sitúa en su mayor parte entre usuarios que tienen limitación de su autonomía, aunque las únicas que no aplican la Ley de Dependencia son las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.

Ha destacado las múltiples opciones de ayudas que existen en la  región, como una prestación básica mediante el plan de subvenciones de las que se benefician 10.300 personas, una línea de fomento del empleo que atiende a más de 10.000 personas mayores, el Plan Concilia de ayuda al hogar y las prestaciones económicas vinculadas al servicio.

No obstante, Serrano ha asegurado que la Junta seguirá trabajando para acabar con las listas de esperas y garantizar el servicio a las personas que lo tienen reconocido por lo legal.

En este sentido, anuncia que para el año 2009 se firmará un convenio con otros 30 ayuntamientos, con un presupuesto de 3.740 euros.

En cuanto a la propuesta de implantación de una red de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, la diputada del PSOE, Isabel Gil Rosiña, ha aclarado que la Junta de Extemadura cumple, implanta y desarrolla la Ley Obligatoria de Educación,  y ha asegurado que en la región ya existe una iniciativa de este calibre con la existencia de 188 centros de educación infantil.

Contraria a estos argumentos, la popular María Josefa Valadés ha reiterado su solicitud de buscar un sistema educativa de excelencia con especial atención a las edades tempranas, para lo que en su opinión, se necesita un diseño de políticas de infancia en el que se contemplen los requisitos estructurales de cómo debe ser una escuela infantil de calidad y de cómo la asistencia alta calidad mejora el lenguaje, la autoestima, las habilidades sociales, la motivación, el rendimiento posterior, las expectativas, las actitudes y colaboración con la familia.

Además, ha señalado que en Extremadura no existe una adecuada planificación y organización en la infantil, un plan de infraestructuras, ofertas educativas públicas, y un tratamiento global de la etapa.

En este sentido,  es imprescindible que la Administración educativa contemple la educación de cero a tres años como una etapa más del sistema educativo y establezca una política de mínimos para poder alcanzar unos niveles básicos de calidad, adaptándolos así a los marcadores señalados por la red europea de atención a la primera infancia.

Ha lamentado, también, que esta situación se deje en manos de los ayuntamientos y entidades privadas, y existan guarderías ilegales en la región, a lo que la socialista Rosiña, le animado, si es cierto, que lo denuncie ante la Consejería de Educación o la de Igualdad y Empleo.