El proyecto del oleoducto de Extremadura, de unas excepcionales y polémicas características, vuelve al primer plano de la actualidad. Una actualidad que se va a ir avivando en los próximos días y que, previsiblemente, va a crear un escenario de confrontaciones sobre la conveniencia o no de la instalación de la refinería.
Sin entrar en consideraciones políticas, que pertenecen a otras instancias, entendemos que, para bien o para mal, el proyecto del oleoducto debe de ir estudiándose con la óptica de la mayor sensibilidad, responsabilidad, valentía y defensa por parte de la Junta de Extremadura. Un toro nada fácil de lidiar para el que se precisa un valor de grandes considerandos.
La sociedad en su conjunto, a través de sus colectivos y representantes políticos, económicos, políticos, empresariales, ecologistas o sindicales, deben de conocer, con rigor y autenticidad, la envergadura del proyecto del grupo Alfonso Gallardo, todas sus particularidades, ventajas e inconvenientes, antes de que nadie pueda dar un paso en falso.
Las cifras que se mueven en el entorno del mismo, acerca de la inversión, de los puestos de trabajo y de los esquemas de futuro, resultan tan tentadoras que el pueblo extremeño tiene que conocer, previamente, todo el proceso del hilo de conductor del proyecto del oleoducto. Y que hasta hoy, resulta obvio, ha caminado por una senda con bastantes nebulosas.
Cifras que, según expuso en su momento Edgar Antonio Rasquín, director del proyecto de Refinería Balboa, oscilarían alrededor de una inversión cercana a los 2.500 millones de euros y unos 3.000 empleos directos e indirectos y que en la fase de construcción podría alvanzar en algunos momentos hasta los 6.000 trabajadores.
La apuesta por la cultura del diálogo y la transparencia de todos los argumentos de interés regional deben de servir de base firme para que, construyéndose o no el oleoducto, pueda generarse la menor duda en el corazón del pueblo extremeño que solo anhela el mejor y más ordenado desarrollo de sus pueblos y tierras.
