El primer susto en el cuerpo y la primera intervención seria en la presente campaña para el personal del Plan de Incendios Forestales de Extremadura, Infoex, porque se ha producido el primer incendio de cierta consideración del verano en la región, concretamente en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. El fuego quemaba 130 hectáreas y obligaba a evacuar a 50 familias de una urbanización de las afueras por el acoso de las llamas así como a desalojar a enfermos y personal del Hospital Comarcal de Campo Arañuelo hacia una ala del edificio más protegida.
Coincidiendo en el tiempo se hacía público un informe nacional de la asociación conservacionista WWF/ADENA que coloca a Extremadura, junto a Castilla-León y Galicia, como una de las tres Comunidades Autónomas más propensa a sufrir incendios en su masa forestal. Esta conclusión se extraía del Incendiómetro 2008, un estudio que analiza una veintena de variables vinculadas a los incendios forestales, entre ellas, riesgo por combustión, por falta de planificación y gestión forestal, por déficit absoluto de inversiones públicas en el sector, o por despoblamiento.
Según este informe la vulnerabilidad de la comunidad extremeña alcanza un 56 por ciento, al igual que en Canarias y Valencia, pero por debajo de otras regiones, como Castilla-León, donde el nivel de peligro llega a un 64 por ciento o Galicia, con un índice del 58 por ciento. No obstante, señala que en Extremadura es destacable la tendencia creciente a los grandes incendios de bosques, tanto respecto al número de siniestros que se registran, como en relación a la superficie que resulta quemada.
Asimismo, alerta de la inexistencia de superficie forestal ordenada o bajo un plan de gestión en vigor, tan sólo un 0,6 por ciento, frente al 12, 5 por ciento nacional, una de las herramientas fundamentales que facilitan la sostenibilidad de las masas forestales. Otro de los aspectos negativos son las bajas cantidades invertidas en el monte, 14 euros por hectárea y año, la más baja de todas la Comunidades Autónomas y resalta el importante lastre económico que supone que las pérdidas por incendios forestales durante el periodo 1991-2006 hayan supuesto una cantidad equivalente al 29 por ciento del presupuesto total de Extremadura para el 2007. Además, el parámetro de despoblamiento es también uno de los más bajos de España, algo que influye, Según ADENA, en el futuro de la gestión de sus montes.
El riesgo de graves incendios es algo más moderado, aunque nada despreciable. Destaca la baja incidencia por incendios debidos a negligencias o accidentes, aunque el grado de intencionalidad de los mismos es más alto que en otras regiones.
En cuanto a la valoración de las Políticas de Extinción y Prevención de Incendio ofrece resultados bastante negativos, aunque reconoce la mejora experimentada en los últimos años, respecto a la década de los años 90, en el número de causantes detenidos, con un porcentaje superior al 79 por ciento, mientras que el número de causantes identificados mejoró en un 20 por ciento.
Sin embargo, otros indicadores no son tan positivos, como el aumento en un 20 por ciento del número de incendios, el aumento de la superficie quemada en un 61 por ciento o el agravamiento de la incidencia de los grandes incendios, con un aumento del 85 por ciento de la superficie media que se quema en cada uno de ellos, pasando de 800 hectáreas a una media de 1.500 hectáreas
Al parecer, según ADENA, uno de los principales motivos de la desprotección existente en materia de fuego es la falta de planes de gestión sobre la superficie forestal, ya que sólo el 12,5 por ciento del territorio nacional cuenta con programas de planificación, pese a que en la Ley de Montes está contemplada esa exigencia. La ordenación del territorio, el abandono de los terrenos rurales o la construcción en los montes son otras variables que incrementan el riesgo de fuego.
No obstante, el Informe de ADENA reconoce las mejoras producidas respecto a la década de los años noventa, entre ellas la reducción en un 8 por ciento de superficie total quemada, el crecimiento de la eficacia en tareas de extinción y aumento de presión judicial, ya que desde el año 2000 se han multiplicado por dos el número de detenidos a pesar de que todavía hay un alto grado de impunidad.
De este estudio se desprende se producen unos 20.500 incendios anuales en España que queman como media unas 150.000 hectáreas. Sólo un 0,24% del total de incendios acaban convirtiéndose en grandes incendios forestales. Sobre las causas de los fuegos, el estudio determina que en el 96% de los casos es el ser humano el responsable directo, y en el 58% de las veces es de forma intencionada. En términos económicos, por cada hectárea quemada se pierden 5.500 de euros y los ecologistas calculan que entre 1991 y 2006 las pérdidas ascienden a 13.970 millones de euros.
